El sistema de riesgos laborales, con más juicios.

A tres años de la aprobación de la reforma legal que se propuso frenar la litigiosidad, el número de demandas contra las aseguradoras no para de crecer; hay más de 270.000 casos en trámite.

El sistema de riesgos laborales cerró 2015 con un incremento de 20% en el número de juicios iniciados contra las aseguradoras, en comparación con el año previo. Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) fueron 106.016 los casos iniciados en todo el país, una cifra que supera en un 65% a la de 2012. Fue sobre el final de aquel año cuando comenzó a regir la ley 26773, que -paradójicamente- se propuso evitar que se recurriera con alta frecuencia a los tribunales.

El tema está en la agenda del Gobierno y, según le dijo a LA NACIÓN el nuevo superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón (ver aparte), lograr una caída de la litigiosidad será un eje prioritario de su gestión, en la que intentará un acuerdo con miembros del Poder Judicial. El funcionario dijo entender que, de seguir así la situación, se terminará por poner en riesgo al sistema, que hoy abarca a más de 9,8 millones de trabajadores.

La ley aprobada en 2012 mejoró significativamente los valores de las indemnizaciones que cobran quienes sufren un accidente o una enfermedad laboral. Y como respuesta a la declaración de inconstitucionalidad -hecha por la Corte Suprema en 2004- del artículo que pretendía impedir las demandas contra los empleadores, se estableció que el trabajador debe optar en forma excluyente entre cobrar la prestación que le corresponde por ley o hacer un juicio contra su empresa. Según coinciden en señalar los actores involucrados en el tema, en ese aspecto se logró el resultado esperado. En la gran mayoría de los casos se opta por aceptar el cobro de las prestaciones.

Pero luego aparecen demandas que cuestionan aspectos del propio funcionamiento del régimen. Entre los principales temas en disputa está la manera en que se aplican tanto el índice de actualización para los pagos como el mecanismo de determinación del grado de incapacidad sufrida. También hubo y hay otras causas de juicios, como la aplicación retroactiva de la ley o la extensión de un adicional por daño moral a casos en los que el accidente no fue en el lugar de trabajo, sino en el camino.

La estadística de la entidad que agrupa a las ART -que en su página Web presenta este tema con la expresión “¡Carancho!” y una imagen de este ave de rapiña, en alusión a quienes alientan una industria del juicio- muestra que, en relación con la cantidad de empleos de cada actividad, es en la industria donde se da la mayor cantidad de juicios (hubo 228 cada 10.000 trabajadores cubiertos en 2015, versus 44 de 2007); le sigue la construcción (221 cada 10.000, contra 37 de 2007). En toda la economía se inician, en promedio, 121 litigios por cada 10.000 empleados asegurados. “Lo contradictorio es que la judicialidad sube al tiempo que aumentan las indemnizaciones y bajan los índices de siniestralidad”, dice Bettiol.

Si se miran los datos por jurisdicciones, la ciudad de Buenos Aires es la que registra el mayor crecimiento. En los despachos porteños se iniciaron cuatro de cada diez de las demandas de 2015 y el número de casos superó en 25% al de 2014.

Un factor señalado como incentivo para litigar en la Capital Federal es la tasa de interés, de 35% anual, con que se actualizan los montos de las sentencias. Es una tasa muy superior a la considerada por los jueces que están, por ejemplo, en territorio bonaerense.

“Como varias ART tienen su domicilio en la ciudad de Buenos Aires, se puede elegir litigar aquí” más allá del lugar en que haya ocurrido el hecho, según explica Gonzalo Dabini, abogado del Estudio Bulló, que trabaja con la UART. Las diferencias por lugar del país son importantes: por cada 100 siniestros, en Capital Federal hubo el año pasado 38 demandas, en tanto que en la provincia de Buenos Aires se judicializó el 8% de los casos y en Córdoba, el 25 por ciento.

Dabini coincide en que el problema se solucionaría si la Corte se pronuncia sobre los temas en conflicto.

Uno de esos temas se refiere a la aplicación del índice Ripte (evolución de los salarios de convenios colectivos) para las indemnizaciones que cobran quienes quedan con un grado de incapacidad laboral. El decreto reglamentario de la ley estableció que ese índice -que desde la nueva ley subió 357%- se calcule sobre los montos fijos previstos como parte de las prestaciones, y sobre los pisos fijados para la parte del pago que depende de una fórmula.

Pero la decisión de varios jueces es que ese índice se aplique sobre el valor resultante de la fórmula de la prestación, en la cual -aclaran los abogados de las ART- ya rige una actualización implícita por el valor del salario del trabajador. Por lo tanto, lo que disponen los jueces provoca una segunda actualización.

En la fórmula de cálculo se incluye, además del salario y la edad del afectado, el porcentaje de incapacidad que produjo el accidente. Y aquí se da otro foco de conflicto. “La ley dice que para determinar el grado de incapacidad [que deja una lesión] se debe aplicar el baremo (tabla) dispuesto, pero los peritos nombrados por los jueces disponen muchas veces otra cosa”, explica Juan Carlos Mariani, del estudio Chevallier-Boutell, Speyer & Mariani.

Para Álvaro Galli, del estudio Beccar Varela, podría disponerse que los peritajes sean exclusividad de las comisiones médicas, y que si una parte quiere designar un perito, el costo sea a su cargo. “Hoy los honorarios los paga el sistema y a mayor incapacidad, mayor honorario”, aclara.

“Para calcular el valor de la prima, no saber cómo se valorizan las incapacidades es un factor de inestabilidad permanente”, sostiene Bettiol.

Desde el sector empresario, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, señala que “la industria del juicio llevó en los últimos meses a pedidos de incrementos de hasta diez veces el precio de los seguros, llevándolo a porcentajes superiores al 10% de la nómina salarial, mientras que en el mundo los sistemas funcionan con alícuotas del orden del 0,5 al 1,5por ciento”.

La tarifa promedio del sistema, según el último dato oficial, es de 3,32% de la masa salarial, un valor que casi no varió en los últimos años. En el sector admiten aumentos selectivos, dirigidos a las empresas con problemas de litigiosidad.

En un comunicado de su junta directiva, la UIA manifestó el rechazo a las interpretaciones discrecionales de lo que dice la ley, y consideró que las ART deberían notificar a sus empresas clientes de los juicios.

“El sistema debería prever que la empresa involucrada tenga una intervención -explica Galli-. Para contestar las demandas, las ART no siempre cuentan con todos los antecedentes del trabajador y eso atenta contra la defensa.” Uno de los efectos que se marcan de que no se involucre al empleador es que eso actúa como factor de aliento para ir a un juicio.

Funes de Rioja señala que la alta litigiosidad se da aun con una tasa de siniestralidad en baja. Según los últimos datos disponibles, en 2014 hubo en el país 66,4 accidentes por cada 1000 asegurados, mientras que en 2004 el índice fue de 80,2 por mil.

Para Horacio Schick, abogado demandante, hay una siniestralidad elevada que explica la creciente judicialidad. Y agrega que una fuente de reclamos está en las enfermedades no reconocidas como laborales. Además afirma que varias salas de la cámara laboral rechazaron ya lo dispuesto por la nueva ley respecto de que un trabajador que opta por hacer juicio a su empleador en lugar de cobrar las prestaciones de ley debe ir a la justicia civil y no a la laboral.

“Un viejo axioma dice que los jueces laborales son los que conocen la realidad del trabajador y que si se lo hace ir a otro fuero se lo pone en inferioridad de condiciones”, dice sobre el tema Luis Discenza, del estudio AMZ.

Más allá de esa controversia, lo cierto es que ya no son muchos los juicios contra los empleadores, a diferencia de los que van contra las ART.

Números y prestaciones

El sistema cubre a 9,8 millones de personas dependientes de 1,44 millones de empleadores; la incorporación más reciente fue la de quienes trabajan en casas particulares

El pago de indemnizaciones es sólo una de las obligaciones de las ART, que deben cumplir con la asistencia médica y farmacéutica, provisión de prótesis, rehabilitación y recalificación laboral

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo puso en su página Web un servicio de buscador de ART; con el CUIT de la empresa o el CUIL de la persona, se puede conocer en qué compañía se está

 

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Fuente: LA NACION

 

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